Testigos del Cambio Climático en América Central

En 2008, CESTA (FoE El Salvador), colectaron durante un encuentro de víctimas del Cambio Climático una série de testigos que comparten con nosotros sus problemáticas en cuanto pérdida de vidas, cosechas y bosques, la mayoría de las veces debido a la introducción de falsa soluciones en sus países, o por los impactos del Cambio Climático, ambos causados por los países económicamente ricos.

Biodiversidad, aguas, tierras de agricultores, pérdida de poblados, y extracción de recursos, son junto a la mala gestión de sus gobiernos, los puntos tratados en primera persona por estos testimónios de América Central. El mensaje, tal y como dice, Mrs. Amador es:

HAY QUE ORGANiZARSE PARA SEGUIR ADELANTE!

Para ver estos 9 testigos en youtube, pincha AQUí

Se establece Tribunal Internacional de Justicia Climática

Los días 12 y 13 de Octubre tuvo lugar en Cochabamba Bolivia, la primera sesión del Tribunal Internacional de Justicia Climática. Este tribunal fue establecido por organismos Bolivianos de la sociedad civil, respondiendo a sugerencias del Presidente Evo Morales quién anteriormente había propuesto a las Naciones Unidas la instalación de un Tribunal Internacional para castigar a los responsables de los crímenes ambientales, en particular  aquellos que están contribuyendo sensiblemente con el cambio climático, ya que está cobrando centenares de miles de vidas humanas cada año por ciclones tropicales, sequías, nuevas enfermedades, problemas con escasez de agua, deshielo de glaciares, entre otros.

En la primera audiencia el Tribunal conoció 7 casos donde se denuncia el deshielo de glaciares que está reduciendo la disponibilidad de agua potable en poblaciones de Bolivia, los impactos generados por la plantación de agrocombustibles en Colombia y Ecuador, la contribución al cambio climático por la industria minera Peruana, así como sus impactos en la contaminación con plomo en niños y niñas y la destrucción que genera en varios países suramericanos la Iniciativa para la Integración Regional de Sur América IIRSA, la cual es fuertemente financiada por organismos como el Banco Mundial y el BID. En el análisis de los casos, el Tribunal encontró que el cambio climático es generado básicamente por el sistema político económico internacional y afectará a miles de millones de personas en el mundo, violando sistemáticamente los derechos humanos y derechos económicos, sociales y culturales, lo que significa que el cambio climático constituye un Crimen de Lesa Humanidad, de hecho la sistematicidad de los crímenes contra los derechos de la naturaleza hacen del cambio climático un crimen de lesa naturaleza.

El Tribunal pudo evidenciar que el cambio climático magnifica y profundiza injusticias existentes y que hay una gran urgencia de dar respuesta a los problemas ocasionados por el cambio climático, porque de esto depende la vida de muchas comunidades y pueblos, así como el bienestar de la madre tierra. El Tribunal también concluyó que los acuerdos internacionales sobre comercio e inversiones impulsan la expansión de los sectores industriales de uso intensivo de energía fósil y otros recursos naturales, así como la expansión de la agricultura y ganadería industrial (incluyendo monocultivos) y que todas estas actividades liberan grandes cantidades de carbono y contribuyen a la destrucción de bosques que regulan el clima. El Tribunal también constató que los grupos más vulnerables han sido violentados por el Cambio Climático en una larga lista de Derechos Humanos:

El tribunal fue conformado con 8 especialistas en materia ambiental provenientes de Europa, EEUU y América Latina, que gozan también de reconocida solvencia moral para poder establecer juicios imparciales y con conocimiento de causa en las diferentes problemáticas ambientales. El Presidente de CESTA Amigos de la Tierra El Salvador Ricardo Navarro fue miembro de este Tribunal, después de haber sido postulado por las organizaciones miembros de Amigos de la Tierra de América Latina.

El Tribunal Internacional de Justicia Climática, por no haber sido establecido por una instancia jurídica internacional no es vinculante o sea sus resoluciones no son de carácter obligatorio sino que son observaciones de carácter ético, moral y político, además por no haber estado presente los acusados y no haber hecho uso del derecho de defensa, el tribunal no emitió sentencias sino que se limitó a conocer de los casos y a emitir observaciones. El Tribunal se inspiró en las iniciativas de los pueblos para establecer Tribunales Éticos de Opinión, como el Tribunal Bertrand Russell, establecido en 1966 para juzgar y condenar los crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en Vietnam y luego los crímenes y violaciones a los derechos humanos cometidos por las dictaduras en América Latina entre 1974 y 1976, así como el Tribunal Internacional de los pueblos sobre la Deuda o el Tribunal Permanente de los Pueblos, pues estos tribunales encuentran legitimidad en la voluntad soberana de los pueblos como contrapuesta al poder de los gobiernos y de las empresas

La idea del gobierno de Bolivia de instalar este Tribunal fue generar un movimiento público que motive a las instancias oficiales internacionales pertinentes a instalar un Tribunal de Justicia Ambiental de pleno derecho, de hecho el tribunal recibió el respaldo moral de instituciones internacionales y personalidades que aplaudieron la medida de derivar responsabilidades por los impactos del cambio climático. La sesión de este Tribunal tuvo lugar en el marco de la Asamblea de presidentes del Alba donde 9 Jefes de Estado se han reunido en Cochabamba Bolivia para discutir diferentes problemas de la región y el problema del cambio climático jugará un rol preponderante en las discusiones. Las resoluciones del Tribunal serán entregadas el Sábado 17 en la reunión de Jefes de Estado, para que el ALBA se constituya en la principal fuerza política para impulsar la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática de Pleno Derecho y con carácter vinculante.

Ana María Vásquez, de CESTA

CESTA

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Honduras: El porqué necesita nuestra ayuda

Un artículo de Juan Almendares y Rafael Alegría publicado en el periódico inglés The Guardian el pasado 15 de Agosto.  Un grito de estos hondureños a lxs ciudadanxs de Europa y Estados Unidos para entender mejor la terrible situación de injusticia, y para manifestarse a sus gobiernos nacionales. Honduras, estamos todxs contigo!!

Manuel Zelaya en 2007

Manuel Zelaya en 2007

En los 47 días que van desde el secuestro de nuestro presidente electo
democráticamente, Manuel Zelaya, a la toma de poder por parte del
régimen de Roberto Micheletti mediante un golpe de estado, los
hondureños han sido testigos de ataques detestables contra nuestro
pueblo. Organizaciones de derechos humanos han documentado miles de
violaciones a los derechos humanos, como detenciones ilegales,
desaparición, tortura, asesinatos, uso excesivo de la fuerza y amenazas
de muerte. El miércoles, cientos de personas resultaron heridas y más de
40 fueron detenidas luego de que manifestantes de todas partes del país
confluyeron en la capital para exigir el regreso del Presidente Zelaya y
su gobierno electo democráticamente.

Además de esta violencia generalizada, los líderes y activistas del
movimiento social, entre ellos los grupos como los nuestros – Amigos de
la Tierra Honduras y Via Campesina Honduras – están siendo cada vez más
atacados debido a nuestro apoyo a la resistencia al régimen golpista y
por intentar proteger a los hondureños comunes y corrientes que luchan
por sus derechos democráticos. El miércoles por la noche en la capital
del país, Tegucigalpa, se dispararon balas contra la oficina de La Via
Campesina, una alianza de agricultores campesinos – en un claro intento
de silenciar a una de las principales organizaciones del Frente Nacional
Contra el Golpe de Estado. Nuestros compañeros sindicalistas y otros,
también han sido atacados con bombas y secuestrados.

Hasta el momento el golpe se ha cobrado más de 10 vidas inocentes, pero
esta cifra será eclipsada por los hondureños comunes y corrientes que
sufren, si la comunidad internacional se queda de brazos cruzados y
permite que el régimen de Micheletti continúe en el poder. Muchos de los
movimientos políticos en Honduras, entre ellos los nuestros, luchábamos
por nuestros derechos políticos en los 80s cuando Estados Unidos apoyó
al ejército hondureño cuando cometió grandes violaciones a los derechos
humanos contra activistas políticos. Aún tenemos las cicatrices de esta
opresión, y trabajamos día a día para apoyar a los hondureños comunes y
a los pobres a alcanzar logros en materia de derechos básicos que les
han sido negados desde aquellos días. Esto incluye el derecho a un medio
ambiente limpio y saludable, a alimentos y a libertades políticas que
les ayudarán a garantizar estos y otros derechos.

La ola de políticas progresistas en América Latina había comenzado a
lograr mejoras importantes para los pobres y el medio ambiente en
Honduras y otras partes. Los ciudadanos comunes de Honduras, al igual
que las comunidades rurales y urbanas en toda América Latina, cargan el
peso de las realidades del mundo globalizado en el que vivimos día a
día. Debido a nuestras comunidades campesinas e indígenas que han sido
desplazadas por la minería o cuya tierra fue arrebatada para alimentar
la demanda insaciable de café, bananas, madera y otras materias primas,
a la reiterada destrucción de vidas y sustentos de comunidades
afrocaribeñas de la costa a causa de los fenómenos climáticos cada vez
más destructivos vinculados al cambio climáticos, el pueblo de Honduras
sabe muy bien que somos todos parte de un sistema internacional
intervinculado e interdependiente. Pero si otros dentro de ese sistema
saben de nuestra existencia, es otro tema.

Bandera de Honduras

Bandera de Honduras

Son los “intereses especiales” detrás del derrocamiento de Zelaya los
que ahora están difundiendo la desinformación sobre el golpe, como la
afirmación de que la destitución de Zelaya fue realizada en virtud de la
constitución de Honduras. Estas falsedades están diluyendo la ya
debilitada voluntad de las potencias mundiales como Estados Unidos y la
Unión Europea de apoyar el regreso de la democracia en nuestro país. La
respuesta de la comunidad internacional a nuestra situación ha sido
lamentable. La acción temprana de la Unión Europea de suspender la ayuda
presupuestaria a Micheletti fue seguida de silencio, y seguida más
fuertemente al otro lado del Atlántico donde Obama sorprendió a muchos
estadounidenses al no tomar siquiera un posición débil con relación al
golpe.

Los hondureños estamos acostumbrados a tener que defender nuestros derechos, pero necesitamos el apoyo de la gente de todo el mundo para ayudarnos a poner fin a esta última injusticia y nueva ola de violencia contra nuestro pueblo. Los ciudadanos de Estados Unidos y Europa deben presionar a sus gobiernos para que actúen. Los esfuerzos iniciales de la UE deben ser seguidos de sanciones más fuertes como el congelamiento de cuentas bancarias, la cancelación de visas, la implementación de
prohibiciones a los viajes. Hay muchas herramientas que sus países tienen a disposición. Necesitamos que todos exijan que sus gobiernos las utilicen.

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Globos Negros: Acción 9 de Julio en Madrid

(Fotografía de Edu Ortega - Imagen en acción)

(Fotografía de Edu Ortega - Imagen en acción)

Coincidiendo con las negociaciones internacionales de cambio climático que se celebran en Bonn del 1 al 12 de junio, activistas de Amigos de la Tierra hemos realizado una acción en Madrid para mostrar la gran diferencia de emisiones de CO2 por persona que existe a día de hoy entre países.

Con carteles que muestran las emisiones por persona y año de cada país denunciamos que España está emitiendo el doble que la media mundial. Esto es unas seis veces más que una persona en India y casi el doble que en China. Además si tenemos en cuenta las emisiones acumuladas desde hace 150 años las diferencias son aún mayores.

Desde que comenzó la Revolución Industrial y la quema masiva de combustibles fósiles para construir nuestras sociedades,  los países enriquecidos hemos liberado a la atmósfera el 80% de las emisiones de CO2 que han causado el cambio climático.

Desde Amigos de la Tierra apoyamos un futuro acuerdo internacional que sustituya al Protocolo de Kyoto, que previsiblemente se firmará en Copenhague el próximo mes de diciembre, que distribuya los esfuerzos para reducir las emisiones basándose en la contribución histórica de cada país al cambio climático, y en su capacidad para mitigar las causas de los impactos y adaptarse a los efectos.

Necesitamos un acuerdo basado en la justicia climática, que haga responsabilizarse a los estados de la reducción de sus emisiones y que contribuya a que en 2050 cada persona en el mundo pueda emitir de forma equitativa y dentro de los límites ecológicos que la Tierra es capaz de absorber, 2 toneladas de CO2 por persona y año.

Por eso reclamamos al gobierno español que se responsabilice y actúe ya. Necesitamos una ley del clima que nos obligue a reducir las emisiones año a año. Solo así nos aseguraremos de que no sea demasiado tarde para actuar.

Amigos de la Tierra España, actúa desde finales de 1979, y perteneciente a la Federación Internacional Friends of the Earth repartida por todo el mundo. En España, hay grupos en Madrid, Andalucia, Aragón, Galicia y Baleares.

Actualmente llevan a cabo campañas sobre Cambio Climático y Energía, Agricultura y Alimentación (OMG’s), Residuos, y Desarrollo y Cooperación. Más información, aquí.

Para hacerte socio, pincha aquí.

Syeda Rizwana Hasan Bio

“The best thing one can do to secure the future of her children is to leave behind a livable earth – a place that allows us to breathe, dream, evolve, assist and when necessary, resist.”

“The best thing one can do to secure the future of her children is to leave behind a livable earth – a place that allows us to breathe, dream, evolve, assist and when necessary, resist.”

Dhaka, Bangladesh

Working to reduce the impact of Bangladesh’s exploitative and environmentally-devastating ship breaking industry, leading environmental attorney Rizwana Hasan spearheaded a legal battle resulting in increased government regulation and heightened public awareness about the dangers of ship breaking.

Toxic Industry

Bangladesh is one of only a few countries in the world with a thriving ship breaking industry. Decommissioned ships from around the world are sent to Bangladesh and dismantled by hand on the beaches by unskilled workers who are often paid less than one dollar per day. Coveted for their valuable steel and other scrap metals, aging vessels are sold to ship breaking yards and taken apart piece by piece with torches and other small tools, resulting in toxic contamination of the coastal waters and serious health hazards for the 20,000 workers. The ships, laden with asbestos, polychlorinated biphenyls (PCBs), lead, arsenic and other substances, leach toxic chemicals into the environment. Ecosystems have been heavily polluted and hundreds of workers have been maimed or killed in the process, as they dismantle the ships with little or no protective equipment. Although Bangladesh has laws for labor welfare and environmentally-appropriate waste management, they are rarely enforced.

The 20,000 workers are mostly young men, some as young as 14, who come from the northern parts of Bangladesh where food is scarce for much of the year. They are paid very little, housed in the most basic of shelters, and provided with little or no medical care. It is estimated that, on average, one ship breaking worker dies at the yards in Bangladesh every week and every day one worker is injured.

Most ships sent to Bangladesh for breaking come from foreign developed nations. Many countries, including the United States, have laws against sending ships to ship breaking yards. However, because of the lucrative nature of the industry, it is not uncommon for ships to be routed through other ports, changing country-of-origin flags before docking in Bangladesh.

From 2005 to 2007, more than 250 ships, with a total weight in excess of 2.5 million tons, were broken on the shores of Bangladesh. Ninety-five percent of each ship was comprised of steel coated with between 10 and 100 tons of paint containing lead, cadmium, arsenic, zinc and chromium. Many ships also contained a wide range of other hazardous materials – PCBs, asbestos, and several thousands liters of oil and grease – defined as hazardous under the 1995 Basel Convention, which bans the export of toxic waste. These chemicals have inflicted serious damage on the environment, polluting beaches, coastal waters and seaside ecosystems.

Ship breaking yard owners profit from the immense resale value of the scrap material torn from the aging ships. Bangladesh, a country without sufficient mineral deposits for metal mining, relies on the iron and other materials from the ships for some of its metal. The scrap metal along with other parts of the ships, including sinks, toilets, beds, appliances, and light bulbs, are resold in huge open markets lining the roads of Chittagong, the main ship breaking region. This intricate recycling market fuels the ship breaking industry.

Regulation for Environmental Justice

Rizwana Hasan, 40, is a lawyer and Executive Director of the Bangladesh Environmental Lawyers Association (BELA), a public interest law firm. Growing up in a politically-engaged family, Hasan committed herself to public service and, after receiving her master’s degree in law at age 24, joined BELA. She soon became one of the country’s leading voices for the environment. Today, Hasan manages six offices with nearly 60 staff and is one of the leading young lawyers enrolled with the Supreme Court of Bangladesh.

Recognizing the significant environmental and labor violations within the ship breaking industry, Hasan began her advocacy on behalf of the workers. In 2003, she filed a petition with the Supreme Court seeking an order to prevent aging ships from entering Bangladesh unless they were certified to be free of toxic substances as required by the Basel Convention, and to prohibit further ship breaking activities unless the relevant government agencies enacted and enforced standards for protection of the environment and workers.

Subsequently, Hasan initiated a legal battle against the import of ships listed as hazardous by Greenpeace. In January 2006, she filed petitions seeking to deny the entry of two toxin-laden ships, the MT Alfaship and the SS Norway. In February 2006, the Ministry of Environment banned the entry of SS Norway into Bangladesh and in May 2006, due to the stay order of the court, the MT Alfaship had to leave the territorial waters. In the case filed against the entry of MT Alfaship, the High Court of Bangladesh observed that the government should frame rules to prevent the entry of such hazardous ships to Bangladesh.

However, the government opted to develop only non-binding policies, and a third listed ship, the MT Enterprise, entered Bangladesh in 2006. Hasan again managed to obtain the necessary injunction against the breaking of the ship. However, an interim appeal went against her, allowing the ship to beach and breaking to begin. She filed another application with the court and got an injunction against the breaking. This time, the ship breaking company violated the court order and continued to break. A contempt petition was then filed. The court ordered that compensatory fees be paid by the ship breaking company and directed imprisonment if they failed to pay. For the first time in the judicial history of Bangladesh, a polluter was fined. Despite the fact that a substantial part of the ship was already dismantled, the breaking was halted due to the stay from the Court. Appeals have been filed, and the case is ongoing, though it is unlikely the Court will rule in favor of the ship breaking company. Following these cases, the government has finally begun framing binding rules to regulate the ship breaking industry.

Hasan is not against the dismantling of ships, but wants to ensure that the ships’ toxic materials have been disposed of prior to landing in Bangladesh and that the workers are protected and compensated. In January 2008, the Supreme Court called upon government agencies, including shipping, commerce, environment, industry and labor, to show cause why appropriate safety and labor welfare measures as required under the Factories Act shall not be enforced. The court also issued a further ruling directing government agencies to take steps to protect ship breaking workers and to ensure adequate compensate for them against injury or death. Hasan and BELA continue to monitor the workers’ health and safety, serving as advocates when workers are injured and require compensation.

Looking Ahead

In March 2009, the Supreme Court imposed tight regulations on the industry. It directed the closure of all 36 ship breaking yards operating without environmental clearance. It also enacted restrictions on the import of Greenpeace listed contaminated ships and directed pre-cleaning, at origin or before entering Bangladesh, of all ships to be imported for breaking. The court also ruled that a committee will monitor the implementation of this order.

Hasan plans to continue her advocacy to ensure that the rulings are upheld and enforced while also fighting for stricter environmental regulations for Bangladesh’s ship breaking industry. Such laws could influence ship breaking practices in other countries including India, Turkey and Pakistan, which also lack environmental and worker safety controls. She also continues her legal advocacy focused on other environmental issues, including wetlands preservation, regulation of commercial shrimp farming, traditional forest rights preservation, vehicular pollution, and industrial pollution.

The Goldman Environmental Prize 2009 and Rizwana Hasan

The Goldman Environmental Prize was established in 1989 by San Francisco civic leader and philanthropist Richard N. Goldman and his late wife, Rhoda H. Goldman. It has been awarded to 133 people from 75 countries.

Prize winners are selected by an international jury from confidential nominations submitted by a worldwide network of environmental organizations and individuals.

The Goldman Environmental Prize, now in its 20th year, is awarded annually to environmental heroes from each of the world’s six inhabited continental regions and is the largest award of its kind with a cash prize of $150,000.

Since receiving a Goldman Prize, eight winners have been appointed or elected to national office in their countries, including several who became ministers of the environment. The 1991 Goldman Prize winner for Africa, Wangari Maathai, won the 2004 Nobel Peace Prize.

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This year Syeda Rizwana Hasan, chief executive of BELA, has been awarded the prestigious Goldman Environmental Prize 2009 for the Asia region, recognising her public interest work in the conservation of the environment.

As Bangladesh’s leading environmental attorney, Rizwana’s legal advocacy for tighter regulations for the country’s environmentally devastating ship-breaking industry in particular, makes her one of six winners of the world’s largest prize for environmentalists this year.

“This group of Goldman Prize recipients is as impressive as ever, taking on seemingly insurmountable struggles and achieving success,” said Goldman Prize founder Richard N. Goldman. “In this, our 20th year, we are pleased to bring attention to their courageous work.”

This year’s recipients include Maria Gunnoe, a born-and-bred West Virginian who faces death threats for her outspoken activism to stop the coal industry’s plunder of Appalachia via mountain top removal and valley fills in the US. Another recipient, Marc Ona, a wheelchair-bound civil society leader from the West African country of Gabon, faces arrest, imprisonment and public character assaults for his unyielding campaign to stop a destructive mining concession in a protected national park.

Sent by:

Bahreen Khan
Lawyer, BELA

Testimonios del Clima desde Latinoamérica

Si pinchas aquí podrás leer el testimonio de personas que provienen de comunidades latinoamericanas que ya están sufriendo directamente las consecuencias del cambio climático.

Aldrin de Haiti habla sobre la necesidad de talar arboles como medio de subsisténcia.  
Verónica desde Argentina cuenta la problemática con las inundaciones del Río Salado.  
La tercera entrada es un vídeo desde Ixchiguán, Guatemala, donde un referéndum entre la población dictaminó estar en contra de la extracción de metales y químico debido a sus dañinos efectos en los ecosistemas locales.   

Los documentos pertenecen a la Campaña sobre Justicia Climática y Energía de Friends of the Earth International.